Arte y Crítica

Columnistas - febrero 2015

Si, otra vez FONDART

por Daniel Reyes León

La institucionalidad privada en cultura, avalada por las Industrias Creativas nacieron, en principio, para generar autonomías económicas en la financiación de la cultura, sin embargo, ahora han girado hacia la búsqueda de beneficios estatales.

Sobre los dineros dados a CorpArtes y a UDD, está claro que el modelo de Fondart, así como la Ley Valdés, se han instrumentalizado. Han pasado a ser modelos obsoletos y que se centran más en un aspecto de gestión bajo la noción de Industria Cultural, que en la creación e innovación de artistas, curadores y productores. Lo peor de todo es que el modelo de Industria Cultural que este año evidencia porcentualmente cuanto ha permeado a Fondart, tiene su base en otro error de concepto fundacional: la creación de audiencias, modelo que capitaliza el factor publicitario de la cultura.

La cadena es simple: creación de audiencias (año 2002-03) – industria cultural (2008-2009) – financiamiento a institucionalidad corporativa (2015).
 Esta cadena, desarrollada a puertas cerradas por funcionarios que esperan con ansiedad un ministerio de cultura, se hace en paralelo a un discurso de apertura, de inclusión, que maquilla en secreto la tercerización cultural que establece el gobierno. Siguiendo las directrices de una regulación del mercado para los bienes comunes, las obras pasan a ser productos culturales, en los cuales el criterio de selección pasa a estar en administradores privados de infraestructura y creación artística.

El buen padre Estado ya no es capaz de mantener la casa, solo se remite a enviar remesas administradas por madres creadas en pipetas del modelo Milton Friedman. Los empresarios ven el negocio que significa la cultura, más aun, en los albores de perder el gran negocio de la educación que la dictadura les entregó en bandeja. Pero, en la clásica versión del oportunismo, el negocio radica en utilizar los fondos del estado, ya sea mediante impuestos o beneficios concursables.

La supuesta transparencia de ‘lo concursable’ (una idea de la probidad en la cual todos pueden participar), siempre puede ser puesta en duda. A veces, es menos oscuro asignar dineros directamente, que hacer concursos en los cuales las etapas de selección pasan por manos inescrupulosas. Sin embargo, y así como se discutía en educación hace algunos meses atrás, es muy diferente hacer concursar en el mismo plano a un ente corporativo patrocinado por una empresa –con todo un aparato de gestión y apoyo, así como redes–, con una organización de artistas, donde hasta la impresora puede haber sido un esfuerzo.

El principal problema de la concursabilidad es la burocratización que implica. Finalmente aparecen expertos en formular proyectos, más que buenos proyectos. La mentira del papel se institucionaliza y crea un espacio laboral que, muchas veces, canaliza proyectos de baja relevancia hacia la formalidad del concurso, haciéndolos perfectos desde el punto de vista del criterio concursable, pero sin considerar sus implicancias.

Por otra parte, las limitaciones temporales de lo concursable se alinean con la inestabilidad cultural que se produce cada tres años. Bien es sabido que con cada cambio de gobierno se produce una diáspora de funcionarios en cultura, lo cual trae un año de mal funcionamiento y tres años en los que progresivamente se va mejorando la gestión. Eso hace que el primer año de gobierno, todo el aparato cultural del estado no solo sea frágil, sino que burocráticamente disfuncional. En la práctica, solo a partir del segundo año podemos contar con un aparato cultural medianamente aceitado, el cual recién en el último año de gobierno puede decir que funciona a plenitud, y casi siempre en una especie de demostración final de que todo el gobierno ha sido eficiente.

La cultura no está pensada desde el Estado, sino desde los gobiernos. Es decir –y el mismo Fondart lo reafirma año a año con sus cambios y falsas promesas de mejora– que el estado chileno no garantiza creación y producción cultural, sino que son sus gobiernos de turno los que determinan y transforman, mediante instrumentos de concursabilidad, sus garantías.

Eso es lo que pasa con el Estado. Pero repensar el modelo Fondart es también pensar en cómo transformar el eje de esas institucionalidades corporativas amparadas en bancos o holdings empresariales, las cuales finalmente están acaparando los fondos que deberían ser destinados a los individuos que activan el mundo cultural.

Esa institucionalidad avalada por las Industrias Creativas –y sus antecedentes antes mencionados–, nacieron, en principio, para generar autonomías económicas en la financiación de la cultura. Sin embargo, ahora han girado hacia la búsqueda de beneficios estatales. 
El modelo de liberalización cultural, y de financiamiento privado para la cultura, se transforma en un aparato de cooptación para los artistas, de publicidad encubierta para las empresas, de lavado de imagen para las mismas y, finalmente, en un aparato de canalización de fondos públicos y mercerización de las labores que el Estado debería garantizar.

Fondart 2015 nos dice claramente que en cultura, el Estado se ha debilitado aun más, y que los criterios de la creación artística, están en manos de un modelo cuasi publicitario, poco reflexivo y blanqueador de imagen. Es decir, se ha delegado en institucionalidades donde los creadores, los artistas y sus agrupaciones ya no tienen nada que decir, porque ya no pueden tener un diálogo directo, sino que deben pasar por transformarse en emprendedores, o plegarse a los dudosos criterios económico-convenientes de gestores que tienen por objetivo, rentabilizar la imagen corporativa o especializarse en los instrumentos mendicantes de una cultura famélica.

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