Todo concurso público tiene una cualidad inherente a su condición: distribuye fondos del estado para la producción de obras de arte. Sin embargo, el criterio con el que este tipo de relaciones productiva se desarrolla, necesita transformarse a la par, tanto con los cambios que impulsan los gobierno, como con los cambios que suceden en la escena artística local e internacional.

Hace algunos días atrás, se publicaron los resultados del último concurso del MOP para la construcción de la escultura que dará la bienvenida y la despedida a los pasajeros del aeropuerto del Loa, en Calama. De entrada aclaro que participé, junto a un equipo de seis personas, en la elaboración de un proyecto para dicho emplazamiento. Se presentaron más de 60 propuestas y tres resultaron ganadores, más otros tres que recibieron una mención honrosa.

El proyecto que presenté junto con mi equipo de trabajo no fue seleccionado, algo esperable en la medida que era la primera vez que nos presentábamos a este tipo de concursos. Sin embargo, lo que motiva este texto no radica en el premio ni en descargar vanamente los detalles de un proyecto justificando su calidad o pertinencia. El presente texto apunta a mostrar la naturalidad con la que fondos públicos se concesionan en base a concursos que traicionan sus propias bases o, peor aún, se establecen con reglamentos muy poco claros y, aún menos, actualizados. Todo lo cual se presta para poner en duda la probidad de fondos –muy escasos– para la producción artística.

El caso particular de este concurso recientemente fallado por un jurado elegido por la Comisión Antúnez, puso en evidencia lo feble de sus bases, las cuales fueron transgredidas en una forma no contemplada por las mismas. Uno de los ganadores publicó su proyecto en su Facebook personal antes del fallo del jurado, siendo que las bases explicitan que los concursantes –anónimos, por cierto– no deben hacer ningún tipo de publicación sobre el trabajo presentado hasta que se halla jurado el concurso.

Sin ánimo de restar validez a la obra ganadora, y mucho menos a las restantes que obtuvieron premios y menciones, veo que las bases son completamente obsoletas respecto a cómo hoy funcionan tanto las redes sociales como el trabajo artístico. Si bien Facebook es un plataforma pública de distribución de información a título personal, su validez como publicación puede ser puesta en duda. Sin embargo, estos concursos se planean al alero de una serie de bases tradicionales, que no han sido actualizadas y que penden de un hilo muy flojo respecto a los actuales cánones de transparencia y probidad que el mismo Estado impulsa –en todas sus áreas– desde hace algunos años. Estas bases se fundan en una probidad celada por el anonimato y el secreto, desconociendo que el lobby es algo casi institucionalizado en todos los ámbitos, más aún cuando la recompensa cede fondos de producción, en pesos chilenos y de 9 cifras.

Fotografía prensa homenaje víctimas 27 F, Concepción.

Sin ir más lejos, puedo remitirme a otro tipo de concursos artísticos que, si bien no están en los dominios de la Comisión Antúnez, también se han desarrollado con financiamiento público –es decir, con dinero de todos nosotros–, y donde las bases también fueron manejadas a partir de un ‘secretismo’ absurdo que no guarda relación con las actuales transacciones sociales con las que los artistas se desenvuelven cotidianamente. Me refiero al concurso para obras del edificio de CONICYT, y la escultura en homenaje a las víctimas del terremoto de 2010 en Concepción, ambas del año 2013. A esto podemos sumar un caso de evidente ilegalidad, cuando un proyecto ganador fue desautorizado y frenado por un ministro de justicia en funciones.

A continuación, veremos estos casos: El primero (Edificio CONICYT), exigía en sus bases obras que cruzaran reflexiones en arte, ciencia y tecnología. Sin embargo, las obras ganadoras se remitían a trabajos bastante convencionales tanto en sus procesos como en su factura, por no decir que eran piezas de disciplinas completamente tradicionales que solo poseían títulos que aludían a términos de la ciencia. Pero lo más esclarecedor en torno a lo absurdo de enunciar este requerimiento, es que no había ningún miembro del jurado que fuese medianamente experto en el ámbito de las artes y la tecnología. Si bien participaba un miembro del Consejo de la Cultura, este no era del área más pertinente de Nuevos Medios –el cual habría sido más preciso respecto a la coherencia de las bases– ni tampoco habían personas de reconocido prestigio nacional o internacional en esa área, quedando a libre interpretación qué es el cruce entre arte, ciencia y tecnología. El resultado no son vaguedades: 60 millones de pesos para cada una de las tres obras seleccionadas.

El segundo caso es más decidor. Tiene que ver con la torpeza y la ansiedad que caracterizaron al gobierno de Sebastián Piñera. Se trata del concurso que se organizó para la realización de un homenaje a las víctimas del terremoto de 2010. En este caso se realizó un concurso público con bases que limitaban los fondos de producción, pero estos aumentaron ridículamente en la construcción de la obra que finalmente se emplazó. 2.000 millones de pesos destinados a una obra que enarbola a viva voz la bandera de la reificación del sector. Casi una obra de especulación inmobiliaria.

Otro caso es el de Ángela Ramírez y su obra Sine qua non presentada por invitación en el año 2005, quien aun habiendo ganado un concurso, encontró la caprichosa resistencia del ministro de justicia, Luis Bates, para lograr el emplazamiento de su proyecto en el Centro de Justicia de Santiago. Incluso teniendo un representante del ministerio de justicia en el jurado, la noción vertical del poder del aquel entonces ministro de justicia, descerrajó la autonomía del jurado, de la comisión Nemesio Antúnez, del MOP y de la ley 17.236, la cual, sin poder alguno y a pesar del desacuerdo, vio cómo la intromisión de un juez desautorizó el normal funcionamiento del aparato estatal que impulsa la producción de arte en espacios públicos. La obra hasta hoy no ha sido emplazada, a pesar que la misma contraloría puso en marcha una investigación que dio el visto bueno para que dicho proyecto se realizara, poniendo en evidencia la intromisión en ámbitos ‘no competentes’ de un ministro de justicia en el arte.

Por último, y como usted lector puede creer que esto s una simple pataleta de alguien que no gana concursos públicos, mi idea no se reduce a poner en relato una saga de vaguedades con las cuales se destinan fondos de producción al desarrollo del arte en espacios públicos. Más bien, ante esta situación –que se ha dado de forma constante y que difícilmente sale a la luz porque quienes concursan temen ventilar estos detalles por temor a ser vetados en el futuro–, tengo algunas propuestas.

En cine, donde se manejan cifras de producción bastante altas y equipos complejos de trabajo, tanto a nivel humano como técnico, se han creado instancias donde el lobby es parte de la institucionalidad, y esto se da tanto en función de fondos concursables de carácter público y privado, sin hacer mayores distinciones. Estas instancias se caracterizan por:

1. Haber dejado el anonimato en el pasado

2. Ser de carácter público

3. Haber institucionalizado el lobby como parte de la producción.

Esto se ha dado por un cambio radical en la manera de ver la probidad, regulando el lobby y estableciendo instancias en las que los directores o productores de proyectos cinematográficos se presentan ante el jurado, teniendo una determinada cantidad de tiempo para explicar, desarrollar y exponer su proyecto. Por otra parte, los productores y directores pueden hacer campañas públicas de difusión, generando empatías y trayectorias que pueden ser determinantes en el modo en que un proyecto se constituye como una instancia cultural de carácter público y/o masivo.

Ante este modelo, se podrían iniciar cambios en el formato de concurso que distribuye fondos públicos para el desarrollo de obras en espacios públicos. Es posible, en primera instancia, destituir el anonimato como un signo inequívoco de probidad, debido a que los artistas se caracterizan por trabajar bajo cánones de singularidad perfectamente detectables en las mismas obras, y evidentemente detectables por los jurados –los cuales normalmente se desenvuelven en el ámbito y son capaces de hallar los indicios de tal o cual autor. Del mismo modo, puede suceder que, manteniendo el anonimato, se premie a un concursante que ha copiado la forma, pero no ha hecho el proceso de investigación necesario para el desarrollo de la obra (plagio).

En segunda instancia, los proyectos deberían ser presentados personalmente, por los aristas o sus productores, ante el jurado y en una actividad de carácter público, donde cualquier persona pudiera asistir para ver en qué se podrían destinar sus impuestos.

Render del proyecto “Sine qua non” de Ángela Ramírez, cortesía de la artista.

En tercer lugar, podría generarse una instancia de lobby igualmente pública, en la cual los artistas o productores de proyectos se reunieran con el jurado, en un hotel, en un café o en alguna oficina. Esto lo propongo desde el punto de vista de un artista y bajo el sentido que una obra, aún por realizar, se puede explicar de diversas formas según el interlocutor que tengas al frente. No es lo mismo cuando le debo explicar una obra a mis alumnos, que cuando se la explico a otro artista o a un teórico, o a mi madre o a una persona no vinculada al mundo del arte. Esto no sucede porque una persona sea más conocedora, erudita o ignorante que otra, sino porque las obras se realizan como un enunciado público sujeto a la interpretación, y todo artista es perceptivo a lo que realiza. Digamos que es la forma contemporánea en la que el ego se manifiesta, mal que mal el título de artista te lo entrega la sociedad, a pesar de las universidades y escuelas que proliferan en torno al conocimiento de y desde las artes visuales.

En cuarto lugar, no hay que desconocer que el tipo de obras que se presentan a los concursos del MOP, la Comisión Antúnez, u otras instancias que tienen fines y fondos públicos, están en directa relación con la industria de la construcción, así como con las mal llamadas Industrias Culturales. Del mismo modo que el cine, el vínculo con un área industrial, profesionalizada y que acostumbra manejar altos presupuestos, implica una severa revisión de su tratamiento político, no solo porque se trata de fondos estatales, sino porque su destino final es significar y dialogar con personas que habitan un lugar, como ciudadanos y en un contexto público.

En este sentido es válido preguntarse por las necesidades y el valor que la población le otorga a moles abstractas o figurativas llamadas esculturas, si realmente les parecen significativas, o si desde el arte se han generado otras instancias de relación entre la obra y sus beneficiarios que no sean de carácter permanente. Me pregunto si, por ejemplo, los 2.000 millones de pesos destinados al homenaje a las víctimas del terremoto no podrían haber estado en concordancia con la humildad que, en su mayoría, caracterizaba a los fallecidos. O si con ese mismo presupuesto se hubiese impulsado un programa ciudadano en la zona, donde los mismos habitantes hubiesen creado su monumento.

La sobrevaloración de los hitos, y la excusa del arte para determinarlos, es una enfermedad que ya no padecen los artistas, sino políticos que carecen de sentido común y continúan viendo en el arte la simple inseguridad del gusto, imposibilitados ya de ver las herramientas ciudadanas con las que se desenvuelve el arte contemporáneo en espacios públicos.

Aquí también, quienes concursamos tenemos una misión tácita y táctica, que es velar por que las reglas del juego, que nos permiten jugar con lo que hacemos, y no transformen ni deformen la capacidad creativa que es la que finalmente nos hace trabajar varios meses, con varias personas, en proyectos que puede que salgan o no.

Algunas referencias on line:

https://www.justopastormellado.cl/niued/?p=441

https://www.justopastormellado.cl/edicion/index.php?option=content&task=view&id=415&

https://www.visualartchile.cl/espanol/invitados/s-falabella.pdf